21 de agosto del 2025

La instalación de cámaras de videovigilancia clandestinas en espacios públicos podría costar hasta ocho años de prisión en Baja California, si se aprueba la Ley Antihalconeo, una reforma legal que busca frenar el uso de equipos de monitoreo por parte de grupos del crimen organizado.

La iniciativa será presentada este miércoles 20 de agosto por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Ramos Hernández, con el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

¿Qué es la Ley Antihalconeo y qué sanciones contempla?

La reforma busca modificar el artículo 317 Ter del Código Penal de Baja California, endureciendo las sanciones para quienes instalen cámaras ilegales o intervengan sistemas de seguridad oficiales.

Sanciones propuestas:

• De 1 a 8 años de prisión por colocar cámaras sin autorización en la vía pública.

• Penalización a personas que obtengan o compartan información de seguridad para facilitar actividades criminales.

• Sanción directa a servidores públicos que intervengan el sistema de videovigilancia estatal.

El objetivo es proteger la integridad de las familias y castigar a quienes usen tecnología para fines delictivos, explicó Juan José Pon, director de la Consejería Jurídica del Estado.

¿Qué cámaras serán sancionadas?

Las autoridades aclararon que la ley no aplica a cámaras instaladas dentro de propiedades privadas, sin importar el ángulo o dirección de grabación.

Lo que sí se sanciona:

• Equipos colocados en postes, luminarias o fachadas sin permiso gubernamental.

• Cámaras utilizadas para monitorear movimientos policiales o planear delitos.

• Intervención o alteración de los sistemas de vigilancia pública.

Se han retirado más de 1,600 cámaras ilegales de procedencia desconocida en todo el estado, utilizadas por células delictivas para rastrear operativos de seguridad, detalló la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

¿Qué busca la Ley Antihalconeo en Baja California?

Esta iniciativa legal se enfoca en combatir el llamado halconeo, una práctica común en la que grupos delictivos instalan cámaras espía o usan tecnología para vigilar a la policía y proteger sus rutas de operación criminal.

Según el gobierno estatal:

• Las cámaras ilegales violan la privacidad y representan una amenaza directa a la seguridad pública.

• Muchos de estos dispositivos son parte de centros de monitoreo clandestinos operados por el crimen organizado.

Esta es una herramienta legal para recuperar la tranquilidad de las calles. No se trata de perseguir a los ciudadanos, sino de desmantelar redes criminales que usan tecnología para delinquir, señaló el diputado Jorge Ramos Hernández, promotor de la ley.

Impacto esperado y próximos pasos

De ser aprobada, la Ley Antihalconeo se convertirá en una de las legislaciones más estrictas a nivel nacional en materia de videovigilancia ilegal. El gobierno de Baja California pretende utilizar esta reforma como modelo para otros estados que enfrentan problemas similares de seguridad.

La iniciativa será discutida en el Congreso local y se espera su aprobación antes de que termine el periodo legislativo actual.