Morena Jalisco se deslinda de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, tras detención en "Operación Enjambre"
Feb 05, 2026
La política en Jalisco enfrenta un momento crítico tras la captura de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila. Este 5 de febrero de 2026, la dirigencia estatal de Morena rompió filas con el edil, asegurando que dentro del movimiento "nadie está por encima de la ley".
La detención, ejecutada por autoridades federales, forma parte de la Operación Enjambre, un despliegue coordinado para desarticular redes de corrupción y extorsión en el estado.
El operativo fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que la captura del edil y tres funcionarios de su administración es resultado de una investigación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR).
La intervención responde a la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en atender denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos de autoridad y cobros ilegales a empresas de la región.
Uno de los puntos clave que derivó en la detención de Rivera Navarro fue la denuncia formal de la empresa José Cuervo. Según los informes, la administración municipal exigió un pago de 60 millones de pesos bajo la amenaza de clausurar la planta "Cuervo 1800". Este monto resulta desproporcionado frente al millón de pesos que la empresa paga anualmente por conceptos de predial y licencias.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que este no es un caso aislado, pues al menos otras 10 empresas del sector tequilero reportaron haber sido víctimas del mismo modus operandi por parte del gobierno municipal de Tequila.
A pesar de haber llegado al cargo hace 14 meses bajo banderas de transparencia, la gestión de Diego Rivera Navarro acumuló múltiples señalamientos graves:
Apropiación de patrimonio cultural: En marzo de 2025, el edil clausuró el Museo Nacional del Tequila (MUNAT) para convertirlo en su residencia privada y oficinas, realizando modificaciones estructurales sin autorización del INAH.
Violencia política de género: Regidoras del PRI y de Morena denunciaron acoso, obstrucción de funciones y amenazas de muerte. La regidora morenista Luz Elena Aguirre reportó represalias directas, como la clausura de su negocio personal, tras votar en contra de un préstamo municipal.
Amenazas directas: Se documentaron mensajes intimidatorios hacia familiares de las regidoras, advirtiendo agresiones físicas si no cesaban sus críticas a la administración.
Ante la gravedad de los hechos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena emitió un comunicado oficial deslindándose de las acciones del alcalde. El partido reafirmó su respeto a las instituciones y a las investigaciones de la FGR, enfatizando que:
"La justicia, y solo la justicia, debe determinar responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones".
Por su parte, Rivera Navarro ha sostenido en sus redes sociales que las acusaciones son un ataque orquestado por sus adversarios y un tema meramente político, a pesar de que las investigaciones han escalado ahora al ámbito penal federal.